Los problemas de salud mental generados por la pandemia de la COVID-19 tendrán unos costes «monumentales» y permanecerán aún tras conseguir la inmunidad al virus, principalmente aquellos originados por el trauma y el impacto socioeconómico de la pandemia, por lo que urge destinar más recursos e incluir los servicios de salud mental como servicios esenciales.

Así lo advierte un informe realizado por investigadoras del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLobal) -centro impulsado por la Fundación «la Caixa»-, a través del cual se realiza una análisis de la realidad actual de la salud mental tras la crisis del coronavirus. El documento forma parte de una serie de notas de debate que abordan preguntas fundamentales sobre la crisis de la COVID-19 y las estrategias de respuesta implementadas desde el primer momento.

Este informe recoge los distintos factores que han impactado en la salud mental de la población desde el inicio de la pandemia, proponiendo una serie de recomendaciones para que sean implementadas en esta crisis y en otras similares que puedan surgir en un futuro.

Tal y como señalan sus autoras, antes de la irrupción de la COVID-19, los costes económicos globales asociados a los problemas de salud mental comunes alcanzaban la cifra anual de 1 billón de dólares americanos. La depresión era, ya entonces, la segunda causa de carga de enfermedad a nivel global, y el suicido, la segunda causa más común de muerte en personas jóvenes de entre 15 y 29 años. Sin embargo, los países gastaban, de media, menos del 2% de sus presupuestos sanitarios en salud mental, y hasta el 85% de las personas con problemas de salud mental no recibían ningún tratamiento.  

La pandemia ha influido profundamente en la forma en que nos comportamos e interactuamos con los demás y con nuestro entorno, y representa “una crisis global sin precedentes” que ha impactado sobre la salud mental.

Así, como consecuencia de la implantación del teletrabajo, la obligada escolarización en casa e incluso el desempleo, se han dado cambios abruptos que han modificado las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia y los roles familiares, algo que, según el informe, “puede conllevar altos niveles de estrés a lo largo de semanas o incluso meses, y potencialmente provocar ansiedad, depresión y otros trastornos de salud mental”.

Concretamente, destaca el incremento significativo de la frecuencia y de la gravedad de la violencia en el hogar registrado durante el confinamiento domiciliario (desde el inicio de la pandemia, las denuncias por abuso doméstico aumentaron hasta un 60% en España durante el primer mes de confinamiento) y pone de relieve la relación de la violencia doméstica con un riesgo 2-3 veces mayor de depresión y ansiedad en las mujeres supervivientes, siendo el factor “más habitualmente asociado con el suicidio en niños y niñas”.

Diversos estudios han evidenciado el impacto de la soledad en la salud mental. A este respecto, el documento destaca la autopercepción de apoyo social y la capacidad de sobrellevar los diferentes estresores como características clave para ayudar a incrementar la resiliencia.

Por otro lado, pone de relieve el mayor riesgo de infección al que estuvieron expuestas aquellas personas que siguieron trabajando en sus puestos laborales desde el inicio de la pandemia, con un aumento de la preocupación y del miedo al contagio, y, consecuentemente, la aparición de ansiedad por la salud.

De forma específica, los y las profesionales sanitarios que trabajaron en primera línea de respuesta se vieron expuestos a una situación “aún más difícil”: tuvieron que atender de forma rápida y constante a un elevado número de pacientes con un amplio abanico de síntomas, en ausencia de protocolos y de una guía clara, en muchos casos, sin equipos de protección individual (EPIs), sufrieron acoso y rechazo en algunas comunidades por estar expuestos al virus, etc., situaciones que pueden conllevar, según el informe, diversos problemas de salud mental como síndrome de desgaste profesional (burnout), depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y en último término suicidio.

Con respecto a los y las pacientes con COVID-19 se ha observado que cerca del 30-60% sufren manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, por ej., alteraciones de la conciencia o su pérdida. El delirio es el síndrome neuropsiquiátrico agudo más frecuente, seguido de un estado de desánimo y ansiedad. En el caso de la COVID persistente o “long COVID” (definida como la persistencia de síntomas durante cuatro semanas o más), se han descrito síntomas como un ánimo depresivo y el síndrome de fatiga, así como dificultades en la memoria y la atención y trastornos del sueño.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que la pandemia ha alterado o interrumpido servicios críticos de salud mental en 9 de cada 10 países del mundo, aumentando a su vez la demanda de apoyo en salud mental. Para las autoras del informe, esto evidencia “el impacto devastador de la COVID-19 en el acceso a los servicios de salud mental y subraya la necesidad urgente de aumentar los recursos financieros”. Paralelamente, esta situación puede derivar en consecuencias negativas para la salud mental en los familiares y/o cuidadores de los y las pacientes.

La crisis económica derivada de la pandemia ha afectado a numerosas personas que hacen frente a preocupaciones económicas y laborales, lo que puede derivar en sentimientos y desesperanza en personas en edad laboral. En este contexto, se prevé que aumente la presión financiera y se profundicen aún más las desigualdades en salud que ya existían antes de la pandemia

El informe destaca el mayor riesgo de problemas de salud mental a raíz de la pandemia en determinados grupos específicos como niños/as y adolescentes, personas mayores, mujeres, personas con problemas de salud mental preexistentes, inmigrantes y personas refugiadas, o aquellas personas que trabajan en primera línea y en trabajos esenciales.

No obstante, a pesar de todo lo anterior, las autoras del informe recuerdan que los “monumentales costes de la COVID-19 para la salud mental no son inevitables” y expone una serie de medidas que deberían implementarse de forma inmediata, entre ellas, las siguientes:

• Incluir los servicios de salud mental como servicios esenciales incluso cuando en caso de confinamiento y medidas estrictas de restricción, garantizando su provisión de forma segura, adoptando formas innovadoras (por ej., intervenciones de teleterapia, líneas de atención teléfonica, etc.) y considerando su restablecimiento cuando sea posible.

• Impulsar la integración de los servicios de salud mental en la atención sanitaria general y desarrollar más los servicios de salud mental comunitarios, en especial para los grupos de población vulnerables.

• Dedicar recursos a implementar los servicios de salud mental y las intervenciones comunitarias como un componente integral de respuesta a la pandemia y en los planes de recuperación.

• Los Gobiernos deberían emprender medidas orientadas a la prevención de un daño estructural a la economía, que tengan en cuenta su impacto sobre la salud mental.

• Dada la carga de los trastornos mentales asociada a la COVID-19, el documento subraya la importancia de tener en cuenta la forma en que la naturaleza urbana puede aumentar la resiliencia y ayudar a las personas a sobrellevar al estrés. Son varios los estudios que sugieren que las personas que han podido visitar espacios naturales cercanos, han accedido a un jardín o “simplemente han podido ver árboles desde la ventana”, han superado mejor los desafíos y la angustia relacionados con el confinamiento.

  Esta interconexión entre la salud mental y la exposición a la naturaleza “debe traducirse en acciones estratégicas para una recuperación óptima”, orientadas a luchar tanto contra el cambio climático como contra la crisis de salud mental, por ej., invirtiendo en espacios naturales urbanos de alta calidad, en especial en zonas desfavorecidas donde deben implementarse intervenciones multifacéticas. En este sentido, el informe propone ampliar el concepto de Salud en Todas las Políticas, incorporando la salud en los entornos naturales para “desarrollar ciudades en las que las personas puedan vivir y desarrollarse junto a ecosistemas saludables que apoyen el bienestar mental, así como el bienestar físico y el social”.

• Priorizar y coordinar investigación esencial y relevante para las políticas en los ámbitos psicológico, social y neurocientífico, para garantizar que cualquier inversión se enfoque de manera eficaz a cuestiones de salud mental esenciales.

• Mejorar el sistema actual de monitorización dirigido a orientar la provisión de servicios de salud mental, la intervención sobre ellos y las políticas relativas a ellos.

Se puede acceder directamente al informe a través del siguiente enlace:

¿Es la salud mental la pandemia después de la COVID-19?